Legisladores mexicanos proponen multar a telefónicas que no “cooperen” revelando datos a la autoridad
En México, tal parece que el gobierno esta empeñado en erosionar el Estado de Derecho. El día de hoy el Congreso aprobó un dictámen que autoriza que los proveedores de servicios telefónicos sean sancionados si no cooperan con la Procuraduría General de Justicia para identificar a usuarios “que utilicen el servicio con fines delictivos”.
De acuerdo a la Revista Eme-equis, el argumento del legislador priísta, José Adán Ignacio Rubí Salazar es que la medida serviría para frenar los altos índices de impunidad en que operan las bandas del crimen organizado en el país. La comunicación del Senado afirma:
La Comisión de Comunicaciones aprobó un dictamen para que las empresas concesionarias y permisionarias del servicio telefónico colaboren con la Procuraduría General de la República en el combate a delitos de secuestro, extorsión o amenaza.
La Comisión, presidida por el diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar (PRI), avaló que en investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, la autoridad judicial pueda solicitar la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentren relacionados con algún ilícito.
El documento establece que el concesionario o permisionario del servicio de telecomunicaciones que no colabore con las autoridades se le impondrán una multa de doscientos cincuenta a dos mil quinientos días de salario mínimo.
Señala que los concesionarios de telecomunicaciones deberán bloquear de inmediato las líneas reportadas como robadas o extraviadas, y suspender el servicio para efectos de aseguramiento cuando así lo instruya la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
En este …
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